• Con solo ocho policías y colindando con Guanajuato, uno de los estados más violentos del país, la administración morenista mantiene una estrategia de seguridad mínima pese a una cadena de hechos sangrientos.

A pesar de colindar con el Estado de Guanajuato, uno de los Estados con mayores índices de violencia, la alcaldesa de Santa María del Río, Isis Ayde Díaz Hernández, no aumenta el número de policías municipales, solo tiene ocho policías para proteger a más de 40 mil habitantes.

La falta de atención de la alcaldesa en el tema de la seguridad ha provocado hechos violentos que colocan a Santa María del Río en el centro de la conversación pública. En los últimos días de 2025 fue localizada una persona degollada en el Cerro del Original, caso que más tarde se vinculó con la detención de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, confirmada por la Guardia Civil Estatal, relacionados con este y otros homicidios ocurridos en el municipio.

A lo largo de 2025, acumuló una serie de episodios violentos con balaceras en colonias y en comunidades como Ojo Caliente que dejaron más víctimas mortales, mientras que a mediados de ese año fue encontrado un cuerpo sin vida colgado de un árbol en pleno Jardín Principal, frente a Presidencia Municipal y a escasos metros de la Comandancia, sin que ninguna autoridad se percatara del hecho. Lejos de asumir responsabilidad, la administración morenista intentó minimizar ese caso al asegurar que se trataba de “alguien externo al municipio”, una explicación que generó indignación entre habitantes.

En lo que va de la administración, Santa María del Río ha tenido dos directores de Seguridad Pública: José Luis Martínez Silva, destituido tras abusos policiales y operativos recaudatorios, y su sucesor, Filemón Juárez Santana, cuya llegada no generó confianza debido a su negro historial de corrupción en la capital potosina durante el periodo 2018-2021. Hoy, la corporación opera con apenas ocho elementos para un municipio de más de 40 mil habitantes, patrullas improvisadas y prácticas recaudatorias que siguen generando molestia, mientras la ciudadanía percibe más desinterés y simulación que presencia efectiva en las calles.

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