Por quinta ocasión, en lo que va de la administración del alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, su titular del Instituto de la Juventud, Miguel Verástegui, fue anexado por presuntamente seguir consumiendo drogas, lo que da un pésimo ejemplo desde el cargo que ostenta y que el edil insiste en mantener.
El hecho se constata después de que vecinos del barrio de La Cofradía lo señalan públicamente por presuntas conductas relacionadas con el consumo y distribución de sustancias ilícitas, acusaciones que han sido ignoradas por el Ayuntamiento. A pesar de estos señalamientos, el funcionario continúa percibiendo un salario superior a los 22 mil pesos mensuales sin que exista claridad sobre su desempeño o resultados.
El caso no solo exhibe la fragilidad en los filtros para integrar el gabinete municipal, sino también la falta de criterio del propio presidente municipal para designar perfiles adecuados en áreas sensibles. La Instancia Municipal de la Juventud, que debería ser motor de programas, actividades y políticas públicas en favor de los jóvenes rioverdenses, permanece sin obra visible, sin proyectos relevantes y sin resultados tangibles. La ausencia de acciones contrasta con la importancia estratégica de este departamento en una ciudad donde la juventud enfrenta múltiples retos sociales y económicos.