Raúl Torres Mendoza, delegado nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) en San Luis Potosí, informó que Piperos adheridos a esta organización se manifestarán este viernes 6 de febrero de 2026, en rechazo a la Ley General de Aguas.
El desacuerdo proviene del decreto publicado el 11 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se expide la Ley General de Aguas, reformando, adicionando y derogando disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, particularmente los artículos 123 Bis II y 123 Bis III. Estos establecieron que el Ministerio Público de la Federación perseguirá de oficio a quien traslade dolosamente aguas nacionales con fines de lucro, a sabiendas de su extracción ilegal. Las sanciones son:
• Para cantidades menores a 50,000 litros: prisión de 3 a 5 meses y multa de 100 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 11,731 a 23,462 pesos.
• Para cantidades mayores o iguales a 50.000 litros: prisión de 6 a 8 meses y multa de 150 a 250 UMA, equivalente a 17.596,50 a 29.327,50 pesos.
Según el líder transportista, estas penas son «exageradas e insensibles», pues ponen en riesgo el empleo de 400 familias de Piperos potosinos afiliados a la AMOTAC.
Por ello, el viernes 6 de febrero, a las 9:00 horas, los transportistas se concentrarán en el kilómetro 8 de la carretera Matehuala con sus vehículos. Ofrecerán una rueda de prensa a cargo del ingeniero José Guadalupe Hernández Anguiano, secretario de la Asociación de Piperos Potosinos afiliada a la AMOTAC, para dar a conocer su posicionamiento público.
En el evento, solicitarán una mesa de trabajo con:
• El Gobernador del Estado, Lic. José Ricardo Gallardo Cardona.
• Los alcaldes Enrique Galindo Ceballos de San Luis Potosí, Juan Manuel Navarro Muñiz de Soledad de Graciano Sánchez y Martha Patricia Aradillas Aradillas de Villa de Pozos.
• El director local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Darío Fernando González Castillo.
El propósito es exponer su preocupación por el carácter punitivo de la ley y pedir que gestionen mesas de diálogo con diputados federales y senadores de la Comisión del Agua, antes de que venzan los 180 días para modificaciones o transitorios.
Además, expresarán inconformidad por la clausura, hace tres meses, de un pozo en el kilómetro 5.5 de la carretera Matehuala, en Soledad de Graciano Sánchez, ordenada por la autoridad municipal. A pesar de haber pagado todos los adeudos, incluidas las licencias de comercio, el sello persiste. «Queremos que el alcalde Juan Manuel Navarro nos explique por qué no ha retirado los sellos de clausura si ya todo fue pagado», sostuvo Raúl Torres Mendoza.
Finalmente, denunció que la Dirección Local de la Conagua ha clausurado tres pozos en San Luis Potosí donde operaban agremiados de la organización.
