• El adeudo a personal de enfermería del programa expone fallas administrativas, evasivas oficiales y una precarización laboral.
El titular de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí, Guillermo Morales López, reconoció ayer en rueda de prensa un adeudo de hasta once quincenas a personal de enfermería del programa federal “Salud casa por casa”. Sin embargo, su explicación estuvo marcada por justificaciones y evasivas, pues prometió resolver la omisión, pero evitó precisar cuándo ocurrirá. La admisión del retraso, lejos de tranquilizar, dejó más dudas sobre la capacidad institucional para garantizar pagos elementales.
El funcionario restó importancia al problema al asegurar que no se trataba de un caso generalizado, sino de una afectación a 10 personas. La cifra, presentada como si fuera marginal, no disminuye la gravedad del hecho al tratarse de trabajadores que llevan meses sin recibir salario, una situación que impacta de forma directa en su estabilidad económica y en la de sus familias.
Morales López atribuyó la falta de pago a una migración hacia un nuevo sistema administrativo que, según dijo, busca mayor celeridad. El argumento contrasta con la realidad de los afectados, quienes acumulan cerca de tres meses sin cobrar. La supuesta modernización terminó convertida en un cuello de botella que trasladó los costos de la ineficiencia burocrática a los trabajadores.
La respuesta oficial se limitó a una disculpa y a la promesa de que el lunes se fijaría una fecha para un eventual pago. El episodio rebasa un simple error técnico, ya que evidencia una vulneración de derechos laborales y un trato precario hacia profesionales de la salud que han sostenido en campo un programa federal con deficiencias estructurales desde su diseño.
Mientras tanto, en redes sociales crecieron las expresiones de preocupación por posibles represalias contra quienes han denunciado la situación y por la viabilidad real del programa. Usuarios cuestionaron su efectividad al señalar limitaciones operativas, como la imposibilidad de emitir recetas y la canalización a centros médicos donde hay falta de personal y medicamentos, factores que terminan trasladando la carga económica a la ciudadanía.
