- Observaciones en la cuenta pública 2024 exhiben malos manejos, opacidad y posibles actos de corrupción en municipios clave del estado y la Universidad Autónoma.
La revisión de la cuenta pública 2024 dejó al descubierto un panorama alarmante en San Luis Potosí. Seis municipios concentraron las mayores observaciones por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos: La capital con 446 millones de pesos, Santa María del Río con 51.5 millones, Villa de Reyes con 9.5 millones, Zaragoza con 8.5 millones, Cerro de San Pedro con 5.3 millones y Mexquitic de Carmona con 4.6 millones. Cifras que no solo evidencian fallas administrativas, sino una profunda crisis de rendición de cuentas.
El caso de San Luis Potosí capital resulta particularmente grave. A pesar de encabezar la lista con más de 400 millones de pesos observados, los problemas más sensibles siguen sin atenderse con la inseguridad desbordada, ausencia de obra pública y colonias enteras sumidas en el abandono. Bajo la gestión del alcalde Enrique Galindo Ceballos, la policía municipal ha sido rebasada por el crimen, mientras la administración solo mostró interés en los momentos de campaña. A este escenario se suman señalamientos por uso de empresas fachada y actos de corrupción que agravan su perfil como administrador de recursos públicos.
En Santa María del Río, gobernado por Morena, la situación no es menos preocupante. La alcaldesa Isis Ayde Díaz Hernández ha sido señalada por una gestión marcada por la opacidad. Aunque en el discurso presume transparencia, en los hechos el manejo del dinero público sigue siendo un misterio. Su primer Informe de Gobierno, realizado a puerta cerrada, reforzó las críticas. El escándalo crece con los señalamientos contra su hijo, Osiris Díaz Hernández, quien sin cargo oficial ha utilizado recursos y personal municipal sin ningún tipo de filtro para promover su imagen política, buscando heredar el cargo y contradiciendo el discurso antinepotismo que su partido defiende.
Villa de Reyes completa el cuadro de irregularidades con un gobierno que parece más enfocado en la imagen que en los problemas de fondo. El alcalde Ismael Hernández Martínez ha sido duramente cuestionado por el deterioro de la seguridad, especialmente tras la detención de su ex director de la Policía Municipal en 2025 por vínculos con grupos delictivos y posesión de droga. Lejos de asumir responsabilidades, el edil optó por justificarlo. A ello se suman acusaciones de la ciudadanía por negar el acceso al agua, luego de difundirse un audio en el que reconocía castigos colectivos a la población.
Finalmente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Con más de 600 millones de pesos observados, encabeza nuevamente el ranking debido a su negativa a ser auditada, acumulando ya tres años consecutivos en esta situación. El rector Alejandro Zermeño Guerra ha insistido en un discurso de autonomía que contrasta con la realidad por la intromisión de actores políticos, contratos de seguridad a favor de sus allegados y un uso abusivo de recursos en sueldos y pensiones doradas. Todos estos escenarios confirman que la opacidad sigue siendo una constante en el manejo del dinero público en la entidad.