• La Universidad Autónoma de San Luis Potosí opta por cubrir cristales ante el 8 de marzo, pero deja intactas las denuncias de acoso y violencia que la persiguen desde hace años.

La molestia estalló este viernes, cuando se confirmó que el Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí comenzó a ser blindado previo al Día Internacional de la Mujer. La decisión, lejos de transmitir prevención, exhibe una desconexión, pues la institución parece más interesada en proteger muros que en responder a las voces que la señalan. En lugar de atender las múltiples quejas de acoso y violencia, opta por reforzar ventanas, como si el problema no fuera la impunidad.

La medida revive casos que siguen abiertos en la memoria colectiva, como la ex alumna que denunció violencia física por parte de un docente de la Facultad de Ciencias y la agresión sexual contra una estudiante de la Facultad de Derecho, cometida por tres compañeros dentro de las propias instalaciones. Ambos son síntomas de una crisis que se ha agravado con el tiempo.

Ni los tendederos de denuncias en los campus ni las constantes quejas públicas de años han logrado una reacción de fondo. El rector Alejandro Zermeño Guerra ha sido señalado por priorizar la imagen institucional antes que una revisión profunda de los protocolos y responsabilidades. La estrategia es siempre la misma: Administrar el escándalo hasta que el ruido disminuya.

Lo más alarmante no es solo el intento de contener las protestas con láminas y tablones, sino la percepción de que algunos agresores encuentran protección e incluso continuidad en sus cargos. Mientras las víctimas enfrentan desgaste y silencio, la autoridad universitaria deja que el calendario avance, esperando todo se olvide.

La pregunta queda en el aire, ¿Qué ocurriría si la energía invertida en blindar ventanas se destinara a blindar la seguridad de la comunidad? Porque ningún edificio reforzado puede ocultar una realidad que, cada 8 de marzo, vuelve a gritar con más intensidad.

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